De las dos formas clásicas de abordar los problemas de una sociedad: la que parte de la experiencia personal (y todos los privilegios que eso conlleva) o de la consulta académica (y todos los supuestos que se refuerzan para compartir la conclusión) se desprende otra que disputa el sentido de la realidad espacio/tiempo y de la fundamentación de la historia; aquella que pone el cuerpo en la huelga, que se permite aquietar el ego personal y abraza el sentir del servicio a la colectividad espontánea.

Los momentos que me he encontrado en medio de los gritos de ayuda, de los golpes sordos de las armas, de las arengas y el repique de instrumentos me he preguntado cuantas reformas electorales serán necesarias para encontrar la representatividad de la que siempre se habla cuando se quiere hablar de democracia. A las cuantas reformas electorales aparece un líder nato dispuesto a quebrar algunos privilegios para que la población pueda respirar un poco de justicia y reparación histórica a todas las vulneraciones que ha recibido de un país que se formó bajo la idea de jerarquizar la ciudadanía efectiva en nuestras existencias, ¿por qué si no esperamos tanto un nuevo Velasco?

Me quejo, me pregunto y a veces sí encuentro una respuesta, en las paredes pintadas o en el ánimo de los cuerpos que ya dejaron de esperar y se niegan a vivir permanentemente tensos. Pero no hay mucho tiempo de pensar cuando tratas de ponerte a salvo y caminas cegada por el humo de las bombas que caen a tu alrededor una por una simulando efectivamente que has ido a parar a una guerra. Excepto que en la guerra hay dos bandos que están enterados y códigos que se respetan a pesar de todo, en una protesta es como si te trataran de matar tus padres, padres que además te dejaron huérfano.

Llego a casa y pienso que el conjunto de carencias en el bienestar social está estrechamente relacionado con la privatización de la calidad de vida en el Perú. La gran mayoría pobre, endeudada y explotada espera pacientemente que nunca sea demasiado tarde para sentir la presencia del estado en algo más que policía y precaria educación.

Entonces me siento exhausta, hago un par de scrolls y encuentro a los medios de comunicación y a la clase política que nos enseñaron que se demanda reformas a través de la representación electoral y que al mismo tiempo se negaron a aceptar en la presidencia a un profesor sindicalista, que ahora también pueden enseñarnos cómo es válido protestar aprovechando la era de la desinformación para beneficiarse de la indiferencia de algunos sectores y seguir defendiendo un orden socioeconómico que continúa apostando por la libertad de mercado como el mejor de los beneficios de un oxidado y reducido estado liberal.

Un orden del que en la práctica hay pocas formas de escapar. Normalmente cuando la falacia del buen gobierno en el que “no es excluyente” equilibrar la economía y a la vez atender las necesidades de la población aparece como recurso argumentativo de los incrédulos de la justicia social, una se ve tentada a compartir el optimismo y darles la razón. Sin embargo, fuera del debate académico, cuando el quehacer político del día a día termina por estallarnos en la cara, nos damos cuenta de la necesidad de replantearnos lo urgente frente a la limitación de recursos.

Es decir, quienes acumulan el poder hoy, ¿podrán para siempre deteriorar la democracia, fomentar las desigualdades y vulnerar libertades en beneficio de la competitividad de la economía?, ¿continuaremos priorizando el equilibrio financiero de los organismos nacionales y el desarrollo del sector privado por el impacto en el PBI en lugar de satisfacer las necesidades y fomentar el progreso de las clases trabajadoras y campesinas? Carlos Matus decía que en el análisis situacional todo intercambio de problemas necesariamente tiene un costo e implica sacrificios en los diferentes juegos sociales.

Pero la trampa aparece cada vez que se antepone a estas preguntas la discusión por la ideología dominante como una pelea de derechas e izquierdas ignorando selectivamente que actualmente en el Perú no existen movimientos populares con convocatoria masiva que enarbolen consignas de establecer un sistema de gobierno socialista de partido único y control mayoritariamente estatal, lo cual ha dejado sin condiciones de representación y definición a quienes estarían dentro del espectro político de la izquierda.

Y creo que es preocupante porque usualmente quienes se definen a sí mismos como “de centro” lo hacen legitimando que las dos posiciones que necesitan enfrentarse para que ser de “de centro” tenga algún rumbo ideológico continúan siendo parte del mismo régimen de derecha en el que se construyeron los estados modernos; ergo, en el fondo están seguros de que el régimen democrático no va a cambiar y que nadie está dispuesto a abandonar la ilusión del próspero año nuevo que nos invade con el anuncio de las elecciones. En consecuencia, si toda apreciación situacional es una combinación de intuición y análisis, pero ambos factores no son ajenos a un mundo previo, mantener la narrativa de que lo mejor es no ubicarse en ningún extremo se convierte en la alternativa más cómoda para seguir legitimando un status quo fallido que, lo veamos o no, está desencadenando en un estallido social.

Este sentido se ha construído de tal manera que en materia de demandas es la renuncia de Dina Boluarte lo único en lo que intuitivamente estar de acuerdo se avecina como una victoria. No reconocen todavía estos sectores las consignas por una nueva constitución y la encarcelación inmediata de los responsables de los casi 60 ciudadanos asesinados por el brazo armado del Estado. El centro le teme al país “nacional-popular” que pueda desprenderse por ejemplo, de una asamblea constituyente por lo que prefieren encajarlo dentro de la izquierda para que se explique todo (y nada) con los prejuicios que su fantasma acarrea.

Pero exigir al estado que garantice el acceso a los derechos básicos de su población no es condición suficiente para militar a la izquierda. Respetar la autonomía de los pueblos cuya visión de progreso no necesariamente se encuentra dentro de los márgenes occidentales que nos impuso la idea de un solo Estado-nación no es condición suficiente para militar a la izquierda. Apoyar la industrialización y la soberanía de la tierra para quien lo trabaja no es condición suficiente para militar a la izquierda. Así como militar a la izquierda en una democracia tampoco tiene por qué ser sinónimo de persecución.

Una democracia mínimamente constituida fomenta la pluralidad de ideas, siempre que estas no avalen crímenes de odio y es ahí donde prefiero poner el énfasis porque la polarización de hoy no responde a un conflicto cognitivo sino más bien emocional. Vivimos en un país que nunca supo deslindar de la colonización que implicó el odio transversal al indígena. A quienes no mataron, usaron de esclavos y cuando fuimos libres con la independencia, dentro del proyecto criollo continuaron despreciándolos con mecanismos legales, económicos, políticos y sociales como la contribución campesina, la suspensión del derecho al voto, el gamonalismo o el yanaconaje.

¿O acaso no fue a una mujer quechua hablante de 58 años que viajó de Huancavelica a Lima a quien humilló el Estado a través de la Policía Nacional del Perú?, ¿Acaso no fueron las regiones mayoritariamente indígenas como Ayacucho, Puno y Huancavelica en donde el Estado asesinó a varias personas en un solo día removiendo sin duda las secuelas que dejó el conflicto armado interno? Mientras que a los ciudadanos de diversas regiones que continúan llegando a la capital, ese mismo Estado allana sus lugares de alojamiento, los expulsa de las plazas y universidades, los encarcela y golpean quitándoles sus pertenencias y documentos de identidad, negándoles incluso el acceso a la alimentación e higiene, ¿qué podría hacer que una persona soporte tanto sino el hartazgo del olvido y la convicción del militante?

A la academia que justifica que A. Fujimori continuase gobernando después de dar un golpe de estado bajo un “régimen autoritario” pero que Pedro Castillo haya sido inmediatamente encarcelado bajo la premisa de que uno tenía respaldo de la fuerza militar y el otro no, o a la que nunca le hizo ruido que se destituyan presidentes si los grupos parlamentarios alcanzan los votos suficientes para hacerlo aunque no haya razones lo suficientemente fundamentadas, habría que sacarla de la dicotomía entre lo legal y lo legítimo y encararla como lo que son: cómplices de la segregación social.

Tal vez Dina Boluarte tenga razón, las marchas no reclaman una carretera o la construcción de una escuela sino más bien acabar con algo más grande e intangible como es el racismo institucional persistente en el problema de la gobernabilidad peruana, que le quita agencia a sus ciudadanos y reduce su libertad de pensamiento a categorías indefendibles como “terroristas” y que es el mismo racismo con el que se trató de destituir a Castillo por incapacidad moral con sospechas de corrupción en su contra pero que mantiene a Dina Boluarte gobernando a pesar de las evidentes violaciones a los derechos humanos. Las marchas sí tienen una agenda política y está bien que así sea porque canalizar el descontento exige organización para gestionar los problemas propios de la convivencia dentro de los límites territoriales de un Estado.

Finalmente a las miles de personas que hace más de un mes se arrojan diariamente a las calles para hacer posible la oportunidad de repensar el funcionamiento del país a través de un nuevo pacto social, habría que reconocerles la constancia y la solidaridad con la que nos estamos levantando y que si algo tenemos claro ahora es que un futuro menos ansioso, con menos desigualdad lo vamos a forjar abandonando definitivamente en el reconocimiento de la nación imaginada, el interés individual como único valor que nos guíe.

El momento constituyente ha llegado. Más pronto que tarde estaremos liderando la soberanía de nuestras riquezas y estructurando junto a otros estados latinoamericanos la competitividad de la región frente a aquellos que en el “primer mundo” continúan usando el capitalismo del desastre para perpetuar entre nosotros la moral derrotista del subdesarrollo.